Pero si se toma en cuenta que bajo esa misma premisa llegarían toneladas de pollos, arroz, papas y algodón “made in USA” a precios más baratos que los nacionales, está claro por qué gran parte del sector agrícola ha declarado un no rotundo frente a esta competencia de empresas más tecnificadas y con grandes ayudas estatales (en dólares).
De ahí que no resulta extraño que la Conferencia Episcopal de Colombia, con la firma de monseñor Pedro Rubiano, enfilara su postura sobre las actuales negociaciones comerciales con Estados Unidos. De partida se advierten los riesgos contra la equidad y la pobreza que podría acarrear un convenio comercial de este tipo. También preocupa que no se contemple una reducción de barreras existentes para los productos agrícolas nacionales en el mercado norteamericano, como las de los subsidios y normas fitosanitarias, conduciendo a una crisis de la producción de alimentos agrícolas nacionales.
Por estos días, los Tratados de Libre Comercio (TLC) están de moda entre los países o bloques para intercambiar productos y servicios sin un pago de aranceles. Dicen los expertos económicos del talante de Rudolf Hommes o del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que los mayores beneficiados con el acuerdo son los grandes empresarios, los desocupados y los consumidores finales que podrán comprar a menores precios.
Si se miran las negociaciones desde el norte, uno de los objetivos de Estados Unidos es el aumento de sus exportaciones de cereales y otros bienes agrícolas subsidiados por Washington a los mercados de América Latina. Incluso desde el mes de mayo de 2001 la Secretaría de Agricultura de ese país viene desarrollando estrategias para las exportaciones que representarían 450.000 millones de habitantes de América del Sur, Centro América y el Caribe.
Los opositores
El tratado a simple vista puede representar nuevas oportunidades de negocio para la industria nacional con agentes extranjeros. En sectores consolidados como las flores (Cundinamarca y Antioquia), el banano (Urabá), servicios como software e inversión extranjera, sería un gran trampolín de consolidación y generador de nuevos empleos. Sin embargo, desde otros sectores menos favorecidos, en su mayoría con banderas sociales y agrarias, todas estas bondades del TLC no son más que promesas sin un horizonte definido.
Al menos esa fue la conclusión que otorgó el estudio más serio realizado en el país, a cargo del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Los Andes (CEDE). En síntesis, dice que el TLC con Estados Unidos no va a resolver el problema del desempleo –sobre todo en el campo– ni mejorará la situación de desigualdad social. “Debemos ser honestos y moderar nuestras expectativas porque el TLC no va a ser la panacea para Colombia y no nos va a dejar resolver los problemas sociales del país”, adelantó el economista Alejandro Gaviria, uno de los encargados del informe.
Las cifras no mienten: en el primer año de vigencia del tratado se generarán 25.000 empleos, y alrededor de 80.000 al cabo de seis años (el 83% será trabajo no calificado); y una reducción de la tasa de desempleo de apenas 0.3% anual (actualmente está cerca del 15%). La realidad entonces no alcanza para hacer una fiesta. Planeación Nacional dice que con el tratado se espera un incremento de la producción del 0.48%, donde crecerían más las importaciones (11.9%), que las exportaciones con una caída de 6.4%. En términos simples, significa que mientras los productos nacionales llegarían tímidamente al mercado de Estados Unidos, las tiendas del país se verían inundadas de artefactos y comestibles norteamericanos.
Por otro lado, los ingresos tributarios caerían en 590 millones de dólares anuales por la eliminación de los impuestos que hoy pagan las importaciones desde Estados Unidos, lo que podría obligar al gobierno a pedir al Congreso la aprobación de nuevas reformas tributarias, con aumento de IVA a la canasta familiar, que en definitiva afecta a los más pobres.
Para Francisco Díaz, docente de Economía de la Universidad Externado de Colombia, “los planes de Estados Unidos con el TLC, se han estrellado con la resistencia de Brasil y del MERCOSUR, y por eso han buscado abrir mercado en otras partes que no ponen tantas trabas”. Esta situación se presenta porque los exportadores estadounidenses, apoyados por subsidios estatales, ponen en los mercados externos los cereales básicos y otros bienes agrícolas a un 40% en promedio por debajo de su costo real. Para el académico, el caso del algodón es uno de los más delicados. “Unos pocos empresarios de Estados Unidos percibieron en el 2003 más ingresos por ayudas del Estado que por sus ventas totales”, aclara Díaz.
En este sentido, la Organización Mundial de Comercio (OMC), encargada de velar por la estabilidad de los mercados en el mundo, se abanderó con los países pobres y consideró esta situación como una práctica desleal (antidumping). Además, solicitó a EU la reducción de las desbordadas subvenciones a sus productos de algodón, con las que están ocasionando la extinción de este cultivo tanto en los países africanos como en los latinoamericanos.
El efecto tequila
La prueba palpable de la desigualdad que se presenta a la hora de negociar con Estados Unidos, se percibe en toda su magnitud en territorio mexicano luego del llamado NAFTA, un acuerdo que también firmó Canadá. Desde ese año nuevo de 1994, al mismo tiempo que unos indígenas zapatistas se alzaron en armas en Chiapas, los contrastes económicos han sido evidentes. La balanza comercial agrícola de este país, que era una de las más estables antes de la firma del acuerdo, no se escapó de los saldos negativos acumulando más de 9500 millones de dólares en pérdidas comerciales. Una pobreza entre sus agricultores, que han sido forzados, por la desequilibrada competencia, a reducir en 1.6 millones de hectáreas el área de sus cultivos.
La Universidad de Los Andes, que también estudió el caso mexicano, revela que cuando ese país firmó su TLC vio crecer sus exportaciones y generó 500,000 nuevos empleos con la maquila, pero vio desaparecer 1.3 millones de empleos en el sector agrícola en 10 años. Por eso, y más allá de las discusiones técnicas en las mesas de negociación, uno de los temas primordiales debe ser el empleo. Las voces en coro sobre esta exigencia van desde los camioneros –que hicieron un paro de tres semanas–, varias comunidades indígenas y las centrales obreras, hasta organizaciones culturales, científicas y de carácter humanitario. Los pasos económicos que vienen son de vital importancia. Pero más allá del tamaño de la apertura comercial que se discute, las políticas locales deben orientarse al desarrollo y la prosperidad de la mayoría de sus habitantes. Si se impone esta premisa, de seguro se construirá una nación más solidaria y en paz. |
